NOTA DE OPINIÓN LECTURA: 3.00 MIN
HAY QUE PONER FIN A LA EVASIÓN
¿Necesita Argentina una reforma tributaria o una verdadera transformación del procedimiento fiscal y de control? La reforma propuesta por el gobierno, a mi criterio, es una mera transferencia de obligaciones del sector macro empresario a las PyMEs y, en consecuencia, al consumidor final. Medida que, como un bumerang vuelve en recortes al consumo y, en consecuencia, con impacto negativo para las arcas del Estado.
Según los informes más recientes de la ONG Tax Justice Network, investigadora sobre asuntos fiscales y de recaudación de impuestos, la Argentina pierde aproximadamente 1.250 millones de dólares anuales por evasión y elusión de impuestos a nivel transfronterizo, habiendo abandonado el puesto número cinco del ranking mundial de pérdidas absolutas para ubicarse en una posición considerablemente menor, aunque el impacto relativo de estas maniobras sigue representando una pérdida cercana al 2% de su Producto Bruto Interno.
Cuando nos reunimos a debatir sobre el comercio ilegal y la competencia desleal terminamos siendo reiterativos en los relatos y diagnósticos, tratándonos de convencer que somos “los buenos” y las “víctimas”. Por supuesto, no se aportan ideas superadoras como para desalentar esta tan distorsiva como creciente actividad. Lógico, el ilegal no sufre consecuencias ni está sometido a los controles como sí lo están los emprendimientos formales.
En una reunión donde debatimos visiones de Lucha contra el Comercio Ilegal y el Crimen Organizado, llamó la atención mi propuesta de hacer seguimiento de las rutas del dinero, ya que es el punto débil de cualquiera que lo obtenga de ilícitos o de la corrupción.
Ahora, también se me ocurre que debería perfeccionarse el procedimiento de fiscalización impositiva y aplicar sanciones realmente severas al evasor. Pero fundamentalmente, universalizar su administración. Pronto veríamos sus resultados y efectos que permitirían realmente morigerar la presión tributaria por masificación recaudatoria.
¿Cómo es posible que una sola empresa haya contraído una deuda contributiva con el fisco por casi $ 8.000 millones y no pase nada? Una PYME tendría suspendidas toda sus herramientas financieras y administrativas en el acto por cuestiones infinitamente menores.
Otro dato destacable es que según los informes consolidados de la Tax Justice Network y del Proyecto de Datos de Riqueza Transfronteriza estiman que la riqueza financiera de ciudadanos argentinos oculta estrictamente en jurisdicciones de baja o nula tributación (guaridas fiscales propiamente dichas) se ubica actualmente en torno a los 90.000 y 95.000 millones de dólares.
Dinero que se ha ido a través de maniobras de comercio exterior y toma de financiación bajo controles evidentemente muy laxos por parte del estado.
El otro ejemplo descollante son los casos cuyas maniobras ilegales con los medicamentos y enriquecimientos sin declarar que en nuestro país fueron descubiertas merced a la intervención de la prensa ¿Cómo es posible que semejantes ilícitos no fuera siquiera sospechado por nuestras autoridades? Si se sospecha del pago de sobornos, ¿de cuánto dinero en concepto de negociados y corrupción estamos hablando?
Otro aspecto a tener en cuenta es que alrededor del 36,3% de los trabajadores bajo relación de dependencia de nuestro país están sin cobertura de la seguridad social, es decir, son trabajadores “en negro”. Estamos diciendo que uno de cada tres asalariados es irregular. Varios son los motivos de esta triste circunstancia de marginalidad. El común denominador es la ausencia de estado en la resolución de las causalidades.
Con la reforma laboral de concepción no federal y sin considerar las particularidades regionales, nada se va a resolver. Por el contrario, va a desanimar la generación de nuevos empleos. Las provincias periféricas tenemos realidades muy disímiles a las porteñas o las de los grandes conglomerados productivos aledaños.
En los próximos días se iniciará también el debate legislativo sobre la propuesta del gobierno de reforma impositiva. En realidad es, a mi criterio, una verdadera pérdida de tiempo por que nuevamente se soslayan los problemas estructurales y se intenta cargar los costos de la ineficacia estatal al ciudadano común. Se equipara al contribuyente PyME con las poderosas corporaciones.
Necesitamos leyes que regulen claramente la actividad económica, sencillas de entender, de cumplimiento efectivo, de alcance masivo y con consecuencias punitivas severas e inmediatas y acompañadas por incentivos direccionado a la promoción del desarrollo empresario en comarcas alejadas, hoy abandonadas a los designios de Dios.
La protección a las PyMEs no debe consistir en subsidios o privilegios artificiales —que las vuelven dependientes y estancadas—, sino en la eliminación de las barreras burocráticas y el fomento de un entorno donde la innovación y la competitividad sean la única forma de supervivencia y crecimiento. Peter Drucker
ANTONIO FABIAN HRYNIEWICZ

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