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Squishies

Cómo la Cámara del Juguete impulsó dos prohibiciones nacionales

Durante 2026, dos líneas de juguetes blandos tipo squishy, muy populares entre los chicos, fueron prohibidas en todo el país a partir de denuncias de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). En ambos casos el recorrido fue el mismo: detección en el mercado por parte del Observatorio del Juguete, respaldo técnico del Laboratorio de la Cámara y presentación formal ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, en articulación con la Secretaría de Comercio de la Nación.

El primer caso fue el de los squishies con forma de dumpling. Estos productos ya habían sido objeto de alertas internacionales: en el Reino Unido se detectó benceno, una sustancia tóxica, y en los Estados Unidos se advirtió sobre el riesgo de asfixia por la ruptura del juguete y la ingesta de las pequeñas esferas de gel que forman su relleno. La Cámara alertó sobre su venta en el país y solicitó la intervención de las autoridades. A fines de agosto, la Disposición 690/2026, que cita la presentación de la CAIJ, prohibió su importación, fabricación, comercialización y almacenamiento en todo el territorio nacional.

El segundo caso comenzó con el aviso de una juguetería sobre productos sin rotulado ni datos del importador que se vendían en comercios cercanos. El Observatorio del Juguete adquirió muestras y el Laboratorio de la CAIJ las ensayó. Entre ellas estaba un squishy de la línea Pinch Family, que presentaba piezas pequeñas sin las advertencias obligatorias para menores de tres años y no identificaba al importador. La Cámara presentó la denuncia y luego la amplió con dos elementos: el retiro del mismo producto en el Reino Unido por contener ftalatos, y un ensayo propio que confirmó la presencia de estas sustancias por encima del límite permitido por el Ministerio de Salud.

En octubre, la Disposición 804/2026 prohibió la comercialización de los juguetes Pinch Family en todo el país, ordenó la destrucción del stock y tomó como fundamento técnico el informe del Laboratorio de la CAIJ.

Ambos casos se dan en un contexto de cambio en el sistema de control. Durante años, la certificación de seguridad de los juguetes se verificaba en Aduana, en forma previa a su ingreso al país (control ex ante). Con la Resolución 237/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, la Disposición 1/2024 de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos y la Resolución 313/2025, que aprobó el nuevo reglamento técnico de juguetes, ese esquema cambió.

El artículo 6° de la Resolución 237/2024 establece que el control documental y/o físico del cumplimiento de los reglamentos técnicos se efectuará conforme a su Anexo, “quedando dicho organismo [la Dirección General de Aduanas] dispensado de su control”. Desde entonces, la seguridad del juguete se verifica en el mercado, sobre la base de una declaración jurada de conformidad presentada por la empresa y del Marcado de Conformidad exigible al momento de la comercialización.

Este modelo de fiscalización ex post plantea un gran desafío: detectar a tiempo, entre miles de productos y múltiples canales de venta, físicos y digitales, aquellos que no cumplen, antes de que lleguen a manos de los chicos.

¿Qué debe tener un juguete para ser legal y seguro?

Antes de comprar un juguete, en una juguetería o en línea, conviene revisar que el producto o su envase incluya:

·         El Marcado de Conformidad: el logo “AR” con doble tilde junto a un código QR. Al escanearlo, el QR debe llevar a la declaración jurada de conformidad y al informe de ensayo o certificado del producto.

·         Los datos del fabricante o del importador: nombre o razón social, domicilio y CUIT, que permiten identificar al responsable ante un reclamo o un retiro del mercado.

·         La edad recomendada y, cuando corresponde, el símbolo de no apto para menores de 3 años por contener piezas pequeñas.

·         Las advertencias de seguridad y las instrucciones de uso en castellano, como la necesidad de supervisión de un adulto.

 

Los casos de los squishies muestran el valor del trabajo articulado entre el sector privado y el Estado: un observatorio que detecta, un laboratorio que aporta evidencia y una autoridad que actúa sobre todo el mercado para proteger a los chicos.